Del 5 al 8 de julio, París fue sede de la II Conferencia Mundial de Educación Superior, organizada por la Unesco. Bajo el lema «Las nuevas dinámicas de la educación superior y de la investigación para el cambio social y el desarrollo», el encuentro congregó a funcionarios, académicos, rectores de universidades de los cinco continentes.
Por Matías Loja / La Capital
Presente en el encuentro internacional, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Darío Maiorana, destaca que gracias al lobby ejercido por los países latinoamericanos, «que funcionaron como un bloque», se logró que la declaración final —de la que participó como observador y experto en la comisión redactora— consagre a la educación superior como bien público.
«Fueron necesarios tres días de arduo debate y dos plenarios para que se incorporase este principio al documento final», señala Maiorana, y apunta que el desafío para los próximos años «es que las universidades sean verdaderas herramientas de la comunidad para lograr la inclusión social».
—¿Cuáles fueron los ejes de centrales de este encuentro?
—La conferencia se organizó sobre la responsabilidad social de la educación superior, los problemas de acceso, equidad, calidad y conclusión de estos estudios. También la investigación y la innovación. Se discutieron estos ejes junto al problema del financiamiento —sobre el que Argentina propuso que se declare al presupuesto de educación como protegido ante crisis o contingencias—, y la necesidad de evaluar los estudios superiores pero con parámetros de calidad y de pertinencia. Participé como observador y experto en la comisión redactora del documento final, como parte del bloque de Latinoamérica y el Caribe, proponiendo la inclusión de los principios aprobados en la declaración del Comité Regional de Educación Superior de América latina y el Caribe, realizado el año pasado en Cartagena de Indias.
—En anteriores encuentros la declaración de la educación superior como «bien transable» —propuesta de la OMC— fue uno de los puntos más conflictivos. ¿Qué pasó este año con ese tema?
—La comisión redactora comenzó con una marcada tendencia a sostener la postura europea, y en parte la de Estados Unidos, de no incluir la definición de la educación superior como un bien social y público. El documento base de discusión no sólo decía que la educación superior es un servicio, sino que no recogía prácticamente ninguna de las propuestas de Latinoamérica y el Caribe. Fueron necesarios tres días de arduo debate para que se incorporaran estos principios al documento final, y que se morigerara el tono general inclinado hacia la venta de servicios y hacia cierto predominio de la educación superior privada. En este proceso, los países de la región funcionaron como un bloque, hubo coincidencias con los países africanos y varios asiáticos, y finalmente también el apoyo de Estados Unidos a varios de los puntos presentados. Se consagró así a la educación superior como un bien público, la obligación de los gobiernos de mantenerla, y su función social como formadora de ciudadanos comprometidos.
—¿Coincide con Rafael Guarga (Grupo Montevideo) que «los temas de Latinoamérica no estuvieron presentes con fuerza ni en la agenda de debates ni en la declaración final»?
—Creo que Latinoamérica y el Caribe se mostró como un bloque homogéneo y eso generó el apoyo de muchos países de Africa y Asia. Esa unidad, conjuntamente con un lobby muy fuerte de todos los miembros de nuestra región, permitió que la declaración final contenga muchos de los puntos que se plantearon desde Cartagena 2008.
—¿Qué impacto tendrán las conclusiones de la Conferencia Mundial en la Argentina? —Comparando la realidad del sistema universitario argentino con otros países, inclusive latinoamericanos, creo que tenemos una situación mucho menos injusta o desigual. Por supuesto que hay muchas cuestiones por revisar y fortalecer. Creo que el mayor desafío en los próximos años es que las universidades, fundamentalmente las estatales, sean verdaderas herramientas de la comunidad para lograr inclusión social, mayor calidad institucional y mejorar las condiciones de vida de la población. En esta perspectiva la educación continua, la generalización de las TICs (tecnologías de la información y comunicación), y la protección de las comunidades o grupos en riego deberán estar en nuestra agenda.